TRAGEDIAS EN CARRETERA Y RECTORÍA DEL ESTADO

¿Quiénes son los que sufren?

No sé, pero son míos.

Pablo Neruda

Las carreteras vuelven a ser escenario de tragedias. El parque vehicular, es cierto, se ha multiplicado en los últimos años y se vuelve un factor importante cuando entramos en materia de accidentes, como lo podemos observar al interior de nuestras ciudades y también en las carreteras, tanto las de libre circulación (administradas por el Estado) como las de cuotas, que fueron concesionadas a particulares y que se han convertido en una pesadilla para los ciudadanos que circulan por ellas como para la misma autoridad, incluyendo el rescate carretero que seguimos pagando sin tener culpa alguna.

Independientemente del accidente que todos lamentamos el pasado martes 30, las quejas sobre el estado de la autopista Mazatlán Culiacán se escuchaban a diario y las malas condiciones en que se encuentra esa vía de comunicación ha dado pie a que un sinnúmero de conductores de vehículos y camiones prefieran viajar por la carretera México 15, pues su asfalto presenta mejores condiciones para la circulación de unidades automotrices. Al iniciar su gobierno Rocha Moya se comprometió al acondicionamiento de la red carretera de Sinaloa. Y cumplió en lo que se refiere al tramo de la vía federal llamada Carretera Internacional y la red de caminos locales. Pero ese compromiso público no alteró ni los nervios, menos los bolsillos de las empresas privadas que tienen las concesiones de las autopistas.

Allí están las autopistas, como campos minados en no pocos tramos, fieles reflejos del desgaste que imponen el uso, el tiempo, la acción de la naturaleza, el sobrepeso del transporte de carga, sin faltar la mala calidad en la reconstrucción de tramos dañados y el pobre bacheo que deja un piso tan disparejo que vuelve imposible la buena conducción por esa vía. Todo lo que ha pasado en los tramos de cuota en Sinaloa nos obliga a voltear la vista y a refrescar la memoria sobre las concesiones y luego el rescate carretero que seguimos padeciendo en México. Carlos Salinas de Gortari vio en la construcción de carreteras un gran negocio por concesionar.

Salinas concesionó 52 autopistas que cubrirían casi 5 mil kilómetros en tramos considerados de alto aforo vehicular y que generarían ríos de dinero seguro. La irresponsabilidad de las empresas beneficiarias, el mal (¿intencionado?) cálculo de los bancos entonces aún nacionalizados y la corrupción en las instancias de gobierno, que despreciaron en su momento el factor de riesgos financieros en una inversión de ese tamaño, llevaron a esa aventura al fracaso. Agravaron la situación la crisis económica de 1995, la inflación, las tasas de interés, la devaluación del peso y la actitud de los bancos privatizados. Al privatizarse estas casas financieras no quisieron cargar con el sobornal de la deuda de carreteras. El presidente Ernesto Zedillo resuelve recuperar 23 de las 52 autopistas y echar sobre las espaldas de los contribuyentes mexicanos una deuda de 58 mil 123 millones de pesos. Tres gigantes de la construcción son las principales beneficiarias: TRIVASA, ICA Y GMD.

En 2003 el gobierno del presidente Vicente Fox termina atrayendo el resto de las carreteras concesionadas y a partir de allí las 52 vías entran al rescate que a partir de entonces se eleva a 165 mil millones de pesos. En 2008 se creó el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para hacerse cargo del monstruo del rescate carretero, que sigue ahorcando el presupuesto.

Pareciera ser que la deuda generada por el rescate financiero no tiene fin a pesar de que está calificada como ilegítima e inmoral. Y a pesar de lo que significa como carga en el presupuesto público nunca se ha buscado anularla, ni siquiera negociarla. Es explicable que no lo hayan hecho los gobiernos anteriores, pues eran neoliberales, pero no hay justificación para que el presidente Andrés Manuel y el Congreso de la Unión dejen pasar este renglón con toda la impedimenta que significa no aplicar recursos públicos para salud, vivienda, educación y trabajo.

El Estado no puede perder su rectoría en la vida económica, política, social, cultural y ambiental. Por eso no puede admitir que en las autopistas concesionadas reine una especie de extraterritorialidad: todos fuimos testigos que cuando anunciaron un aumento bárbaro el año pasado, el mismo presidente señaló, ante la protesta generalizada, que era inadmisible ese aumento. Pero todo terminó con un irrisorio descuento al aumento descomunal anunciado. Y a todo ese abuso hay que agregar que la ambición por acumular más ganancia de las cuotas que se pagan por peaje, impide realizar el mantenimiento que demandan esas carreteras concesionadas. El Estado tiene la facultad de dar marcha atrás a esas políticas de obsequio que tanto cuestan al erario público, como el vergonzoso rescate bancario.

Todos lamentamos la pérdida de las 22 vidas en el accidente de la autopista Mazatlán Culiacán, pero más allá de los errores de quienes manejaban el autobús y el tráiler, los hechos no pueden quedar en las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado y de la República, tampoco puede reducirse al seguimiento para que las empresas de seguros cubran los fondos que haya que aplicar. Las autoridades tienen que revisar de la A a la Z todo lo referente a vías de comunicación. No es la primera tragedia que pasa, por ello deben sentarse bases más sólidas que den mayor seguridad para transitar en carreteras. Que se revise el rescate carretero y que el Estado administre lo que no puede estar en manos privadas: las vías de comunicación. No es justo seguir pagando caro por torear riesgos y perder vidas humanas. Vale.