DESAPARICIÓN FORZADA EN SINALOA

la indiferencia es una de las formas 

más certeras y sutiles de la violencia.

Tania del Río

̶ El fenómeno de la desaparición forzada de personas requiere de la atención de todos. ̶ Dijo Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Llama la atención porque Miguel es un servidor público y la exposición la dirige ante el gobernador Rubén Rocha Moya. También destaca el llamamiento porque es sobre uno de los asuntos más sentidos por la comunidad sinaloense. La piedra de toque en este renglón no partió desde la calle o la plaza pública, parte de una instancia de gobierno especializada en seguridad hacia el jefe del Ejecutivo en el estado. Por todo ello digamos que se ha escuchado a los familiares con desaparecidos y al hacerlo se manifiestan algunas propuestas.

En esa reunión Calderón Quevedo solicita que se incremente el número de tropa de la Policía Estatal para que se cumpa con las tareas que esa dependencia tiene asignadas, lo mismo refiere acerca del número de agentes del Ministerio Público, cuya carga de trabajo supera las capacidades de los mismos. Y en su informe, Miguel Calderón no dejó de mencionar que hay una situación delicada para las niñas y mujeres en Sinaloa. Creo que hay sensibilidad sobre los temas y ganas, de alguna manera, de aportar soluciones a los temas tratados.

Para nosotros el problema de la desaparición forzada no es un fenómeno aislado, sino que va ligado a otros renglones del delito como el homicidio y el desplazamiento interno de personas, conformando lo que hemos dado en llamar crisis humanitaria. Por tal razón queremos mencionar que hemos insistido repetidamente que dichos espacios del delito deben verse en conjunto y que las políticas públicas no vayan por separado al atender estos problemas. Como crisis humanitaria habrá que ver la situación planteada y las diferentes acciones que se encaminen a resolver ese conjunto de delitos no pueden estar divorciadas unas con otras.

Y en nuestra insistencia de atención al renglón de la desaparición forzada no dudamos en que deben fortalecerse las estructuras de atención desde la Fiscalía General del Estado y su parte la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas y el cuerpo de ministerios públicos, pero también hemos hecho énfasis en que la parte medular de la estrategia se concentre en la detención del fenómeno de la desaparición forzada. Porque podemos tener más policías y recursos para la búsqueda de personas desaparecidas, pero siempre iremos atrás del fenómeno si el Estado mexicano no tiene una actitud de reunir todas sus fuerzas, recursos y capacidad de convocatoria social para detener esa práctica que tanto daño nos ha generado.

Es muy loable la entrega de los colectivos que van todos los días del año a las búsquedas de sus seres queridos que no regresaron a casa, pero si la actitud de la autoridad no retoma lo hecho por Argentina, Chile, Uruguay y tantos otros países que encontraron la manera de llevar a muchos de los responsables de la desaparición forzada ante los tribunales, de conocer la verdad sobre los hechos que produjeron tantas víctimas de la desaparición forzada y, lo más valioso de todo, detener esa nefasta práctica de llevarse a un sinnúmero de personas, en muchas ocasiones a plena luz del día y frente a testigos, y desaparecerlas. Todo ello sin que haya las   consecuencias jurídicas que de manera natural debieran existir.

Ojalá las palabras de Miguel Calderón vayan más allá de las paredes del salón en donde las pronunció y que se retomen por otras instancias del Poder Ejecutivo y, desde luego, por el mundo del activismo en la entidad federativa. La idea es seguir insistiendo no sólo en el incremento de agentes policiales y ministerios público, sino lo esencial en todo esto: detener la práctica de la desaparición forzada. No estamos en contra de darle claridad al mundo de las estadísticas que existen en torno al problema de la desaparición forzada, pero la intención no puede ser la búsqueda de disminuir las cifras del delito. Pueden en un momento determinado ser menores, pero al documentar el objetivo es conocer la dimensión verdadera del fenómeno.

Tener pleno conocimiento del problema ayuda a buscar soluciones para los casos. Y al conocer las cifras y circunstancias de las desapariciones, saltan de manera automática algunas otras cosas que se tomarán en cuenta a la hora de elaborar las políticas públicas y los compromisos en el combate a este fenómeno. Todos sabemos que no hay florecimiento de un delito sin no hay complicidad de la autoridad en sus diferentes niveles. Y en el problema de la desaparición forzada hay antecedentes muy claros en ello. Es la gran verdad desde los primeros casos en los años sesenta.

La historia más reciente nos habla de desaparición forzada por particulares y por autoridades locales y federales. Pero siempre encontramos vasos comunicantes entre el actuar de delincuentes de todo tipo y las autoridades. Reiteramos que los números son muy importantes. Lo son aunque no registren el total. Puede haber una gran cifra negra, esa que no se registró nunca, pero los números que tenemos enfrente siempre nos ayudarán a dimensionar un fenómeno como este de las desapariciones forzadas; por ejemplo, las estadísticas de la Fiscalía General del Estado nos dice que hay 4 mil 133 personas desparecidas desde 1996 a la fecha. Los familiares con desaparecido nos hablan de cerca de 6 mil. Sin entrar en contradicciones digamos que ambas cifras nos gritan a voz en cuello que el problema nos menor, que es un problema del tamaño de nuestras preocupaciones. Así veámoslo y busquemos un compromiso del Estado mexicano para detener la práctica de la desaparición forzada. Vale.