REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

La reducción de la pobreza extrema mundial

 se ha desacelerado hasta casi detenerse,

y se prevé que el período 2020-30 sea una década perdida.

Michael Roberts

Rocha se ha presentado ante la sociedad sinaloense con un Plan de Reactivación de la Economía. Creo que es una iniciativa de mucho valor. Después de cuatro meses de una crisis de seguridad que ha calado hondo en la estructura económica y condenado a la orfandad a muchos negocios y, desde luego, al desempleo de cientos de trabajadores, la propuesta llega como brisa fresca en tarde de verano. La iniciativa no llega tarde, pues responde a la difícil coyuntura que vivimos con un claro sentido de que la economía local retome la andadura que había desplegado en años anteriores. Dos años de sequía acumulados (que no alivian las tardías y escasas cabañuelas del presente mes), y la dilatada crisis en materia de seguridad, exigen una respuesta contundente.

¿De qué tamaño es la inversión proyectada? Se habla de 76 mil 902 millones de pesos y se agregan otros 8 mil 300 millones de dólares, que corresponden a inversión extranjera. Lo seguro, sin duda, son los casi 77 mmdp, pues la inversión extranjera (sobre todo la vecina) depende de los estados de ánimo de quien gobierna EU. Y el que lo hará a partir del día 20 de enero es tan volátil como el bisoñé que le mal cubre la frente.

El gobernador hizo presencia ante el Congreso del Estado para solicitar también un crédito de 2 mil 300 millones de pesos. Con esta cifra considera que puede cubrir los requerimientos de su plan de reactivación. El mencionado plan contempla cuatro puntos: Primero. Una inversión federal por 39 mil 940 millones para programas sociales; Segundo. Inversión por 30 mil millones de pesos (nacional y local) para proyecto que generen empleos; Tercero. Inversión extranjera por 8 mil 392 millones de dólares; Cuarto. Obra pública estatal y programas sociales por 6 mil 962 millones de pesos.

Aunque el crédito solicitado es bajo la promesa de que el endeudamiento de Sinaloa no será mayor en 2027 que el entregado por Quirino Ordaz, a saber: 5 mil 251 millones, difícilmente podemos adelantar que sea así. Lo digo porque para este año se contempla una desaceleración de la economía de México y la de nuestros socios comerciales a nivel internacional. De cualquier manera, las deudas no deben calificarse como tales, al margen de su destino de aplicación. Si su punto de llegada es una inversión productiva y en las ramas que pueden detonar crecimiento y cuya derrama genera el número de empleos que la coyuntura demanda, bienvenida sea. Si la inversión no va a los sectores económicos que soportan el grueso de los empleos, puede poner en riesgo esfuerzos y profundizar la crisis que se busca conjurar.

En la presentación del plan se adelanta la parte de la inversión que atenderá los módulos de riego 010 del centro y 075 del norte del estado. Se beneficiarían 52 mil hectáreas con una inversión de 13 mil millones de pesos. No está mal, sobre todo si se evita que en esos lugares se repita la abominable historia de niños que trabajan como jornaleros y el indecible sufrimiento que se registró en la temporada anterior en las guarderías de Ruiz Cortines y de Isla del Bosque. No cuento a la mano con los datos de lo que se invertirá en materia de vivienda para los Sin Casa, ojalá sea una cantidad importante, que disminuya el sufrimiento social.

Saludo la importantísima iniciativa del gobernador Rocha Moya y le hago llegar el comentario sobre un asunto que debe corregir de inmediato, pues se está desatendiendo el derecho a la protección de víctimas directas e indirectas del delito. En la Comisión Estatal de Atención Integral a las Víctimas del Delito, se les ha informado a cuatro familias que se suspenden los apoyos que recibían de parte de la institución o se les niega el acceso a los apoyos. ¿Cuáles son las razones? A una le han dicho que ya lo ha recibido por bastante tiempo, a otras le informan que no hay recursos suficientes y una más ni siquiera recibe las explicaciones de la negativa.

Todos hemos registrado la creciente ola de violencia y la multiplicación de las víctimas directas e indirectas del delito. Y también sabemos que los recursos disponibles para la atención de las víctimas no son suficientes, pero lo que no se puede aceptar es que, sin mayor trámite, sin hacer las gestiones que cada caso demanda ante otras instancias de gobierno, se frustre el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, entre otros.

En un gobierno democrático la sensibilidad sobre los problemas relacionados con el campo de los derechos humanos no puede estar en duda. Bien puede haber un fondo reducido de recursos para la atención de las víctimas o incluso que siendo el problema de la magnitud como el que vive Sinaloa, sea difícil obtener una bolsa lo suficientemente grande para cumplir con la misión para la que fue creada la Comisión de Atención a Víctimas. Todo se puede explicar, menos la renuncia a gestionar hasta por debajo de las piedras los dineros y la apertura de puertas en el sector salud, en el de educación y en todas las áreas que sea necesario. Vale.